CAMERON Y SHANGAY LILY
Diputado a Cortes por Navarra (PSOE)
y Doctor en CC. Económicas
Algo no cuadra en el discurso económico del PP que reclama corresponsabilidad cuando su actitud contribuye a todo menos a serenar el debate y generar confianza.
El plan del Gobierno británico prevé reducir el gasto en casi 100.000 millones de €, una cuarta parte en prestaciones sociales –jubilados, maternidad…-, y el resto concentrado en duros ahorros en la gestión de “servicios públicos”, definición que no esconde entelequias burocráticas sino básicamente educación y sanidad, por lo que es inimaginable que la calidad de esos servicios no se resienta tras una reducción de 500.000 empleos públicos. A lo anterior hay que añadir recortes en otras partidas sociales como vivienda, o de otro tipo como defensa que se deben atribuir al esfuerzo de los Iiberaldemócratas de Nick Clegg. El prestigioso Instituto de Estudios Fiscales británico ha calculado que la mitad más pobre del país encajará más de la mitad del ajuste. Así, no cabe hablar, como defiende el PP, de “medidas para garantizar el mantenimiento de las políticas sociales en educación, sanidad y pensiones”, como si esas políticas fueran un fin en sí mismo y no el principal instrumento para intentar garantizar unos mínimos en materia de igualdad de oportunidades, algo que aunque nunca lograremos plenamente ni británicos ni españoles, y cuya calidad siempre será la principal diferencia entre conservadores y progresistas, hoy, las dos únicas alternativas políticas posibles. Un ajuste del tipo británico sólo puede llevar al mantenimiento con respiración asistida de políticas mal dotadas y descapitalizadas, un grave error y una injusticia pero, obviamente, una opción ideológica, la del PP.
Aunque nada más llegar al gobierno la alianza tory-liberaldemócrata subió el IVA, creó una nueva tasa para la banca e impuso un aumento de 10 puntos en la tributación de los rendimientos del capital, su plan se basa esencialmente en una reducción del gasto. No hay que olvidar que la principal causa de la crisis británica ha sido el hundimiento del sistema financiero privado que ha sido rescatado con fondos públicos –un 6 por 100 del PIB británico según el FMI-, un sector que naufragó casi íntegramente en la tormenta generada por nuestros viejos amigos neocon, los de la desregulación y los códigos de buena conducta, ideas que Mariano Rajoy y tantos se resisten a olvidar.
No seré yo quien niega la necesidad del ajuste, en el Reino Unido con un déficit público del 13 por 100, o en nuestro país, en España. La clave está en cómo se hace, y eso es lo que no explica Rajoy. El Gobierno español está haciendo un enorme esfuerzo para cerrar el déficit asegurando el mantenimiento de las prestaciones sociales y de las inversiones imprescindibles para transformar nuestro modelo de crecimiento.
En el delicioso episodio protagonizado por Shangay Lily esta semana Rajoy dijo que "la idea de la corresponsabilidad manejada por Cameron en su programa de Gobierno significa que la recuperación económica pasa porque todos asumamos deberes hacia nosotros mismos y hacia los demás", algo que sin duda han comprendido canarios y vascos, y que el PP predica pero no practica desde la oposición.
Yo comparto esa idea de la corresponsabilidad que equivale a unos mínimos de responsabilidad y lealtad institucional, e incluso ciertas dosis de autocrítica. El partido laborista británico, sin duda corresponsable como el PP español de la gestión económica de la burbuja –seguimos esperando explicaciones sobre el batacazo del falso milagro económico aznarista-, propuso en la campaña electoral reducir a la mitad el déficit público estructural durante la legislatura, basando dos tercios del ahorro en menos gasto y un tercio en subidas de impuestos. Ahora, su nuevo líder Ed Miliban plantea un ajuste con una distribución diferente –mitad menos gasto y mitad nuevo impuestos- para que no sean los de siempre los que soporten las consecuencias de la crisis, así como otro ritmo de reducción para no arriesgar la recuperación económica.
En nuestro país contamos con un marco político estable hasta el final de la legislatura que debe contribuir a reforzar la mejora de la confianza que es inseparable de cualquier episodio de recuperación económica. La pregunta es, ¿está el PP disponible para ello?
El Plan que el PP reclama para conseguir esa confianza económica que supuestamente distingue a nuestro Gobierno del de David Cameron lleva meses sobre la mesa, la Ley de Economía Sostenible. El PP tiene la oportunidad de hacer propuestas para mejorarlo porque hay mucho sobre lo que discutir: medidas para mejorar la competitividad e incrementar la productividad, reavivar el crédito, financiar la sanidad o mantener un sistema fiscal progresivo y con ingresos suficientes.
Las últimas propuestas fiscales del PP supondrían 30.000 millones de € menos de recaudación fiscal, más temporalidad en el mercado de trabajo –sus enmiendas anticonversión de temporales en fijos en la reforma laboral-, y cierto descontrol en el gasto de sus Comunidades Autónomas, ¿vamos a ser corresponsables? Ojalá, pero lo veo difícil.
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