CRECIMIENTO Y CONSENSO SOCIAL
Diputado a Cortes por Navarra (PSOE)
y Doctor en CC. Económicas
La salida de la crisis exige un nuevo modelo económico que debe incluir una mayor implicación de los agentes sociales en la política económica y social.
La crisis económica ha vuelto a demostrar que las economías dotadas de modelos sociales de consenso fuertes y articulados entre Gobierno, empresarios y sindicatos, capaces de adoptar medidas meditadas durante el tiempo suficiente, y por tanto beneficiarios de políticas consistentes mantenidas en el largo plazo con gran apoyo político y social han soportado mucho mejor la crisis y han salido antes de la misma.
Así está siendo en Suecia, Finlandia, Países Bajos, Alemania, Dinamarca o Austria. En todas ellas existe un método consensuado basado en la seguridad económica y en unas expectativas claras y firmes para los agentes económicos y sociales. En estos países, incluso, como en Suecia, estos consensos alcanzan ámbitos como el de la solidez de las finanzas públicas.
Tras dos largas décadas de hegemonía de los principios neoliberales a escala global esta crisis demuestra que es necesario reforzar los elementos que garantizan el consenso social en las economías desarrolladas. No va a ser posible reformar y adaptar nuestro modelo de bienestar –pensiones, educación, sanidad, dependencia, mercado de trabajo- al nuevo marco global sin un trabajo de fondo sólido y consistente que permita la reedición de consensos amplios en estos campos. Para Europa esta necesidad es si cabe mayor porque el binomio economía y bienestar, o crecimiento y empleo, ambos equivalentes, está sometido a mayores presiones que en el resto del mundo. Y lo hace no por debilidad europea sino porque se trata de la región más rica del mundo y la que goza de un mayor nivel de bienestar. Y también, por qué no decirlo, porque queremos seguir siéndolo.
Hay cuestiones que exceden los plazos y esquemas de la acelerada y a veces superficial dinámica política. Modelo de crecimiento, cohesión social, sostenibilidad, excelencia educativa o productividad son elementos sobre los que los agentes sociales deben y pueden trabajar de manera coordinada antes que los cambios que sean necesarios se conviertan en proyectos legislativos. Es necesario adelantarse a los acontecimientos trabajando con profundidad y rigor, aunando las reflexiones que se planteen desde la esfera social con las decisiones que democrática y legítimamente se adopten desde el ámbito de la política.
Como observadores privilegiados los agentes sociales españoles, en particular los empresarios –CEOE y CEPYME- y los sindicatos -UGT y CC.OO.-, aunque no sólo ellos, han sido conscientes desde hace mucho tiempo, desde antes de la proclamación urbi et orbi y posterior colapso del milagro económico aznarista, de los problemas que desde hace más de una década acechaban a nuestro modelo productivo. Ese conocimiento, sin embargo, no ha sido canalizado adecuadamente hacia las instancias de poder político que alimentaron la burbuja inmobiliaria –la Ley del Suelo de 1998 es con toda probabilidad su principal responsable individual, la única reforma estructural profunda del PP-.
En nuestro país los agentes sociales han contribuido a generar indicadores adelantados que permiten adaptar las principales líneas de política económica y social a las exigencias del momento. Así, por ejemplo, fue una propuesta conjunta de CEOE, UGT y CC.OO. la que puso fin al insostenible modelo laboral de ilegalidad consentida para los inmigrantes que acabó en 2005, y han sido ellos también los que desde hace mucho han insistido en la necesidad de reforzar recursos y políticas en el ámbito educativo y de la formación, así como en el de la raquítica I +D+i que también heredamos del falso nirvana popular en 2004.
La agenda de reformas que necesita nuestra economía no es precisamente corta, y su éxito dependerá de la capacidad de aplicarla en todos y cada uno de los sectores económicos, centros de trabajo e instituciones públicas o privadas. Hay más motivos que justifican el refuerzo de esa base de consenso social que tanto ha protegido frente a la crisis a las economías antes citadas. En primer lugar, las profundas transformaciones registradas en la economía global en los últimos años. En segundo lugar, las lecciones de una crisis global provocada por la desregulación y las prácticas económicas y financieras inspiradas en los principios conservadores abrazados por la derecha de menos regulación, más burbujas de todo de tipo –financieras, inmobiliarias, especulativas-, y menos Estado.
En España, contamos con una institución clave, el Consejo Económico y Social (CES), que puede contribuir a la construcción de esos consensos en todo el espectro de políticas económicas y sociales. Para ello el CES debería ver reforzada su capacidad de elaboración de informes y estudios anticipándose a los problemas y generando una base de consenso sobre la que edificar futuras políticas, potenciando en su seno un ámbito de prospectiva económica y social a medio y largo plazo complementario a la emisión de dictámenes preceptivos sobre toda legislación sin excepción.
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