Tribuna publicada en el Suplemento de Economía del Diario ABC 13-03-2011

NOS LA JUGAMOS EN EUROPA

Juan Moscoso del Prado

Diputado a Cortes por Navarra (PSOE)

y Doctor en CC. Económicas

La ineficiente superposición de propuestas económicas en un momento todavía crítico demuestra la difícil situación que atraviesa la construcción europea.

Una vez más nos la jugamos en Europa porque es ahí donde se deben adoptar las decisiones que faltan para asegurar una salida sostenible de la crisis. Sobre la mesa el Pacto de Competitividad –o por el euro- de la Sra. Merkel, y de Francia; las medidas planteadas por la Comisión Europea para, una vez más, avanzar hacia un gobierno económico; y los esfuerzos de la task force de Van Rompuy para intentar imponer un poco de orden y coherencia en todo lo anterior, tampoco ajena a la influencia alemana. En definitiva, el viejo debate entre lo intergubernamental y lo comunitario combinado con cierta ruptura del espíritu integrador de algunos socios de la Unión.

Alemania exige una mayor coordinación de la política económica como contrapartida al refuerzo –más fondos- y flexibilización –más instrumentos- de la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (FEEF), aunque sin llegar todavía a permitir la emisión de eurobonos, y para crear el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEE) de carácter permanente. Alemania no parece dispuesta, no obstante, a permitir un escrutinio de su sistema financiero equivalente al que exige para el conjunto de las economías europeas afectadas por la crisis de la deuda soberana. Esta asimetría es simplemente inaceptable.

Con todo, aunque se pueda objetar a alguna de las exigencias alemanas poco puede decirse en contra de su objetivo final: la unión económica, una verdadera aproximación de productividades, niveles de competencia y dotaciones de factores en un verdadero mercado único sin tanta fragmentación, para nada una idea alemana y mucho menos de su presente gobierno, sino patrimonio común y bastante antiguo. Lo necesario es una estrategia europea de crecimiento que elimine las diferencias en productividad, renta y bienestar. Una estrategia común y transparente capaz de incorporar al BCE y a la política monetaria, ahora que amaga con segar la recuperación elevando los tipos de interés, y que reconozca que sin el euro Alemania no disfrutaría de ese saludable superávit comercial porque su tipo de cambio de revalorizaría.

España ha hecho los deberes, déficit, cajas, pensiones, cuentas de las CC.AA., mercado de trabajo, a la espera de un acuerdo sobre negociación colectiva que cierre el debate sobre algo mucho más amplio y trascendente que la no tan fácil de medir productividad. En nuestro país es esencial la vinculación entre salarios e inflación para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y dinamizar el consumo, y ya se tiene en cuenta la productividad en la negociación colectiva. Tampoco presentamos diferencias relevantes en cuestiones como la armonización fiscal. Hemos reformado nuestro sistema financiero más que el resto –que Alemania, sin ir más lejos-, en particular las cajas de ahorro. Lo mismo debe decirse de la disposición española a acometer sin trampa alguna las pruebas de resistencia bancaria.

Hemos dado un ejemplo mundial con la reforma de las cajas, en un momento incluso en el que se demanda cierta banca pública con el objetivo social de asegurar el crédito a familias, PYMES y empresas o incluso ofrecer nuevos productos como hipotecas con la garantía limitada al piso. Unas entidades, las cajas, con una importante obra social pero que no han sido capaces de atender el fundamental flanco social del mercado que probablemente nunca ya cubrirán.

En Europa, con todo, Alemania y Francia no cejan en su empeño de liderar sesgadamente un proceso que no les pertenece, intentando adelantarse a los acontecimientos sin esperar a las propuestas de la Comisión, convocando cumbres bilaterales como la de Deauville de 2010 y sus diferentes secuelas para condicionar al Consejo. Ese no es el camino.

La crisis de la deuda pública europea va a cumplir un año, un largo año en el que Europa todavía no ha sido capaz de resolver sus deficiencias fiscales –falta de coordinación, ausencia de políticas comunes– que se evidencian día tras día en los movimientos especulativos contra la deuda soberana, la ampliación de los diferenciales de interés y la ausencia de instrumentos comunes de intervención.

En España tenemos la oportunidad de demostrar que se pueden acometer las reformas que la economía necesita mientras se protege el estado del bienestar. Se podrá utilizar el simplista argumento, el favorito del principal partido de la oposición, de que con la tasa de desempleo actual no procede hablar de sostenibilidad social alguna, pero no es así. Sabemos muy bien que la relativamente mayor destrucción de empleo sufrida por España en esta crisis no es un fenómeno particular resultado de esta crisis sino que refleja un patrón histórico estructural que las reformas ya realizadas o en marcha impulsadas por el gobierno pretenden corregir por fin y para siempre. A la vista está que reformas anteriores, la laboral de 1997, combinadas con otras como la del suelo de 1998 no hicieron sino agudizar este desequilibrio crónico.