EL PACTO COJO (FISCAL)
El Consejo Europeo de la semana pasada ha consagrado el principio de austeridad fiscal impulsado por el tándem Merkel-Sarkozy, y lo ha hecho siguiendo un camino preocupante tanto por la forma como por el fondo.
Por la forma porque el acuerdo plasmado en un tratado internacional extracomunitario contiene un 99 por 100 de contenido que se podría haber alcanzado mediante legislación europea, desarrollando el Tratado de Lisboa, y un resto, digamos un 1 por 100, probablemente ilegal porque un tratado intergubernamental como éste exige que se elabore por una Convención Europea. Así mismo, el artículo 5 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que los Estados miembros deben coordinar sus políticas económicas "dentro de la Unión", poniendo claramente en entredicho la legalidad del nuevo tratado.
La forma es importante también porque tal y como ha explicado incluso el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación español en sus dos comparecencias ante la Comisión de Asuntos Exteriores y la Comisión Mixta para la Unión Europea (UE) de las Cortes españolas la crisis que estamos viviendo es una crisis política. Política en sentido doble, por su origen basado en las décadas de desregulación provocada por decisiones políticas equivocas. Y en segundo lugar, política porque países con más deuda pública acumulada, más déficit o similares problemas estructurales como el de nuestro ladrillo han campeado mucho mejor el temporal que los de la zona euro, por ejemplo Estados Unidos, el Reino Unido o Japón. Política por tanto porque son las dudas sobre el grado de compromiso del conjunto de los Estados miembros sobre el euro las que alientan a los especuladores a posicionarse contra la deuda soberana europea, y política porque los instrumentos europeos fiscales y monetarios de nuestra incompleta unión monetaria son insuficientes como Grecia demuestra día a tras día y como las primas de riesgo nos recuerdan en todo momento.
La forma es también importante porque el nuevo tratado internacional que al menos el Reino Unido no firmará constituye una grave afrenta al método comunitario y a la responsabilidad democrática. El método comunitario garantiza un enfoque común, un método de trabajo compartido de superación de diferencias teniendo en cuenta los intereses de todos los Estados miembros grandes o pequeños, ricos o pobres, los gobierne quien los gobierne. Esta es la base sobre la que se ha construido la Unión que no debe ponerse nunca en cuestión ni mucho menos bajo riesgo en interés de, por ejemplo, los deseos del directorio conservador franco-alemán que quizás tengas los días contados. Hay más problemas, el tratado apenas introduce novedad ni mejora alguna en materia de gobernanza económica y el papel previsto para el Parlamento Europeo es claramente insuficiente, por ejemplo.
El acuerdo sobre el nuevo tratado internacional extracomunitario de austeridad presupuestaria es también muy preocupante por el fondo. El debate de fondo, la preocupación principal y las graves dudas que generan las propuestas impuestas desde Berlín y París no están en el ámbito de la responsabilidad fiscal. Nadie discute, tampoco antes aunque se pretenda mostrar lo contrario, la importancia de la disciplina fiscal, si bien el problema más urgente es la amenaza del estancamiento económico o de una nueva recesión. Las políticas de austeridad impuestas por la derecha dominante europea van a acabar con toda posibilidad de crecimiento sin mantener a raya los déficits, porque si no lo hay, sin crecimiento, los déficits presupuestarios aumentan y no disminuyen.
La aprobación del tratado ha coincido con el anuncio español de una modificación en el ritmo de reducción del déficit. Una corrección en el buen camino pero que creo va ser insuficiente porque mantiene inalterado el 3 por 100 de objetivo de déficit para 2013 que debería ser postergado, esa es la verdadera negociación que necesita España, alcanzar el 3 por 100 más tarde, no en 2013, y porque olvida una vez más hablar de crecimiento. Crecimiento porque nuestra economía camina hacia cifras de paro desconocidas, una situación inédita de la que no saldremos sin generar oportunidades de crecimiento. La reducción drástica del déficit no sólo aleja cualquier posibilidad de recuperación sino que es lo peor para la credibilidad de nuestra deuda soberana a corto plazo. Credibilidad de la deuda y también de nuestra economía en su conjunto que se vería beneficiada si el Gobierno abandonara el discurso catastrofista de la herencia recibida que practica con exceso, y complementara sus principales reformas –financiera, presupuestaria y laboral-, todas procícilicas que no hacen sino ahondar la profundidad de la crisis con políticas de crecimiento, y también si se olvidara de la agenda política doméstica arriesgándolo todo a la espera de, por ejemplo, las elecciones en Andalucía y también Asturias.
Esta carencia no es sólo española, el tratado internacional olvida toda mención al crecimiento y a la solidaridad, no hay nada de ello en el mismo, y por ello en Francia François Hollande ya ha anunciado que lo renegociará si resulta elegido Presidente de la República, mientras los alemanes del SPD han anunciado su voluntad de complementarlo con medidas de crecimiento, creación de empleo e inversión. También se ha solicitado que en un plazo de tiempo, por ejemplo unos 5 años, se comunitarice su contenido devolviendo sus instrumentos al ámbito del que nunca debían haber salido, al propio comunitario.
Queda mucho por hacer. Es preciso garantizar que las normas relativas a la deuda y al déficit dejen margen suficiente para tomar medidas preventivas coyunturales. Así mismo hay que lograr avances para crear mecanismos de solidaridad europea sobre la deuda soberana, ya sea mediante un nuevo fondo de amortización de la deuda o sobre la creación y emisión de eurobonos, para garantizar tipos de interés razonables y restablecer la confianza del mercado financiero, una confianza política que exige altura de miras. Tampoco podemos dejar de lado la creación de la tasa sobre transacciones financieras que contribuya a eliminar los déficits presupuestarios sin reducir drásticamente el gasto público, así como a financiar políticas europeas de inversión, competitividad y crecimiento. En definitiva un pacto que nace cojo que seguro deberemos corregir y complementar cuanto antes mejor.
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