Tribuna publicada en el Suplemento de Economía del Diario ABC 13-03-2011

NOS LA JUGAMOS EN EUROPA

Juan Moscoso del Prado

Diputado a Cortes por Navarra (PSOE)

y Doctor en CC. Económicas

La ineficiente superposición de propuestas económicas en un momento todavía crítico demuestra la difícil situación que atraviesa la construcción europea.

Una vez más nos la jugamos en Europa porque es ahí donde se deben adoptar las decisiones que faltan para asegurar una salida sostenible de la crisis. Sobre la mesa el Pacto de Competitividad –o por el euro- de la Sra. Merkel, y de Francia; las medidas planteadas por la Comisión Europea para, una vez más, avanzar hacia un gobierno económico; y los esfuerzos de la task force de Van Rompuy para intentar imponer un poco de orden y coherencia en todo lo anterior, tampoco ajena a la influencia alemana. En definitiva, el viejo debate entre lo intergubernamental y lo comunitario combinado con cierta ruptura del espíritu integrador de algunos socios de la Unión.

Alemania exige una mayor coordinación de la política económica como contrapartida al refuerzo –más fondos- y flexibilización –más instrumentos- de la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (FEEF), aunque sin llegar todavía a permitir la emisión de eurobonos, y para crear el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEE) de carácter permanente. Alemania no parece dispuesta, no obstante, a permitir un escrutinio de su sistema financiero equivalente al que exige para el conjunto de las economías europeas afectadas por la crisis de la deuda soberana. Esta asimetría es simplemente inaceptable.

Con todo, aunque se pueda objetar a alguna de las exigencias alemanas poco puede decirse en contra de su objetivo final: la unión económica, una verdadera aproximación de productividades, niveles de competencia y dotaciones de factores en un verdadero mercado único sin tanta fragmentación, para nada una idea alemana y mucho menos de su presente gobierno, sino patrimonio común y bastante antiguo. Lo necesario es una estrategia europea de crecimiento que elimine las diferencias en productividad, renta y bienestar. Una estrategia común y transparente capaz de incorporar al BCE y a la política monetaria, ahora que amaga con segar la recuperación elevando los tipos de interés, y que reconozca que sin el euro Alemania no disfrutaría de ese saludable superávit comercial porque su tipo de cambio de revalorizaría.

España ha hecho los deberes, déficit, cajas, pensiones, cuentas de las CC.AA., mercado de trabajo, a la espera de un acuerdo sobre negociación colectiva que cierre el debate sobre algo mucho más amplio y trascendente que la no tan fácil de medir productividad. En nuestro país es esencial la vinculación entre salarios e inflación para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y dinamizar el consumo, y ya se tiene en cuenta la productividad en la negociación colectiva. Tampoco presentamos diferencias relevantes en cuestiones como la armonización fiscal. Hemos reformado nuestro sistema financiero más que el resto –que Alemania, sin ir más lejos-, en particular las cajas de ahorro. Lo mismo debe decirse de la disposición española a acometer sin trampa alguna las pruebas de resistencia bancaria.

Hemos dado un ejemplo mundial con la reforma de las cajas, en un momento incluso en el que se demanda cierta banca pública con el objetivo social de asegurar el crédito a familias, PYMES y empresas o incluso ofrecer nuevos productos como hipotecas con la garantía limitada al piso. Unas entidades, las cajas, con una importante obra social pero que no han sido capaces de atender el fundamental flanco social del mercado que probablemente nunca ya cubrirán.

En Europa, con todo, Alemania y Francia no cejan en su empeño de liderar sesgadamente un proceso que no les pertenece, intentando adelantarse a los acontecimientos sin esperar a las propuestas de la Comisión, convocando cumbres bilaterales como la de Deauville de 2010 y sus diferentes secuelas para condicionar al Consejo. Ese no es el camino.

La crisis de la deuda pública europea va a cumplir un año, un largo año en el que Europa todavía no ha sido capaz de resolver sus deficiencias fiscales –falta de coordinación, ausencia de políticas comunes– que se evidencian día tras día en los movimientos especulativos contra la deuda soberana, la ampliación de los diferenciales de interés y la ausencia de instrumentos comunes de intervención.

En España tenemos la oportunidad de demostrar que se pueden acometer las reformas que la economía necesita mientras se protege el estado del bienestar. Se podrá utilizar el simplista argumento, el favorito del principal partido de la oposición, de que con la tasa de desempleo actual no procede hablar de sostenibilidad social alguna, pero no es así. Sabemos muy bien que la relativamente mayor destrucción de empleo sufrida por España en esta crisis no es un fenómeno particular resultado de esta crisis sino que refleja un patrón histórico estructural que las reformas ya realizadas o en marcha impulsadas por el gobierno pretenden corregir por fin y para siempre. A la vista está que reformas anteriores, la laboral de 1997, combinadas con otras como la del suelo de 1998 no hicieron sino agudizar este desequilibrio crónico.

Tribuna publicada en el Suplemento de Economía del Diario ABC 21-02-2011

MIDIENDO LA PRODUCTIVIDAD

Juan Moscoso del Prado

Diputado a Cortes por Navarra (PSOE)

y Doctor en CC. Económicas

Tras la reforma laboral y el acuerdo social y económico para el crecimiento, el empleo y garantía de las pensiones, el gran reto es la negociación colectiva.

Mientras se abría un interesante pero también tosco debate sobre productividad y salarios, los agentes sociales y el Gobierno han comenzado a centrar su atención sobre el nuevo reto al que nos enfrentamos, la reforma de nuestro modelo de negociación colectiva.

El acuerdo social y económico (ASC) firmado el pasado 1 de febrero incorpora en su punto VI la base sobre la que se debe construir el acuerdo sobre negociación colectiva que nuestra economía necesita: el acuerdo, éste bipartito, sobre criterios básicos para la reforma de la negociación colectiva. El objetivo es que la reforma sea bipartita. Si no hubiera acuerdo el Gobierno, responsablemente, legislará.

El ASC recoge el compromiso alcanzado en febrero de 2010 de negociar bilateralmente una reforma del actual sistema de negociación colectiva, compromiso constatado ya en las declaraciones de 2004 y 2008 junto con el Gobierno. La reforma de la negociación colectiva, a través del diálogo social bipartito, parte del principio de respeto de la autonomía de los interlocutores sociales para gestionar la negociación colectiva, un principio fundamental a la hora de definir las condiciones de trabajo tal y como reconocen UGT, CCOO, CEOE y CEPYME con el objetivo de potenciar y mejorar la actividad económica de las empresas, las condiciones de trabajo y el empleo. 

Los agentes sociales reconocen que la negociación colectiva tiene problemas de estructura y de vertebración; de legitimación; de flexibilidad interna; de  innovación y adaptación de contenidos; de gestión; de adecuación a las dificultades; etc. Su reforma, afirman, debe hacer frente a la realidad empresarial y a la de los trabajadores lo cual exigirá racionalizar y vertebrar mejor los convenios colectivos, y potenciar la negociación colectiva en el ámbito de la empresa, lo que permitirá a su vez ampliar su eficiencia y destinatarios.

El Punto VI del ASC también destaca que la estructura de la negociación colectiva -sectorial, estatal, autonómica o en 37 provincias- debe ser analizada antes de adoptar decisiones de reforma, para buscar así vías que refuercen la legitimación en  la negociación. Así mismo, se reconoce que la imprescindible adecuación a los cambios en los sectores y en la empresa, a través de medidas de flexibilidad interna para mejorar la eficacia, debe realizarse con una mayor participación de los representantes de los trabajadores. Es necesario, continua, dinamizar los procesos de negociación colectiva, sus contenidos y materias, y suprimir los que no deban tener continuidad. También es necesario mejorar su gestión en todos los sentidos y el apoyo institucional. 

En definitiva unos cimientos sobre los que asentar el acuerdo de negociación colectiva que necesitamos para continuar con la serie de reformas estructurales que van a transformar nuestra economía preparándola para asumir un nuevo periodo de crecimiento y empleo muy distinto al seguido hasta la explosión de la crisis.

Mientras, decía al principio, se ha abierto un tosco debate económico sobre productividad y salarios animado por las desafortunadas palabras de la canciller Ángela Merkel. El problema de la economía española no es la relación entre salarios e inflación sino entre productividad real por trabajador y salario real. La negociación colectiva española, además, ya contempla esta variable en muchos convenios. Productividad, por otra parte, no siempre fácil de medir. Beneficios, excedente o valor añadido pueden servir para medir la productividad. Otras vías sirven para medir su tendencia pero no tanto su valor –por ejemplo vía jornada o incentivando bajas en la producción-. Y es que nada tienen que ver las grandes empresas del metal o del sector químico, alemanas o españolas, con el 75 por 100 del total de empresas españolas que tienen 6 o menos trabajadores. Porque si incluso, por ejemplo, la planta de Volkswagen de Landaben produce más vehículos con 4.000 trabajadores que toda la SEAT con 12.000 siendo ambas de un mismo grupo industrial, ¿cómo se mide la productividad de una empresa hostelera o turística, de un hotel afectado, por ejemplo, por el mal tiempo? Las pymes, las empresas con departamentos de innovación y sistemas, las que reinvierten sus beneficios en I+D+i, las empresas que aguantan meses su plantilla fija a la espera de contratos que saben llegarán, ¿cómo miden la productividad? ¿Deberían despedir y contratar permanentemente a los mismos para mejorar sus indicadores? Sabemos que no trabajan así.

Los salarios reales deben aproximarse a la evolución de la productividad por trabajador. La teoría económica demuestra que cuando la productividad aumenta más que el salario real crece el empleo, y también demuestra que la productividad media –como quiera que se calcule- depende de la productividad del conjunto de los factores de producción –capital fijo y tecnológico, humano-, de las infraestructuras, de la calidad de los servicios y prestaciones públicas, de la calidad institucional y de las políticas públicas y de las diferentes administraciones, de la regulación y del grado de competencia, y de otros factores que, además de los salarios, son los que debe tener en cuenta la reforma de la negociación colectiva.

 

Tribuna publicada en el Suplemento de Economía del Diario ABC 30-01-2011

CRECIMIENTO Y CONSENSO SOCIAL

Juan Moscoso del Prado

Diputado a Cortes por Navarra (PSOE)

 y Doctor en CC. Económicas

La salida de la crisis exige un nuevo modelo económico que debe incluir una mayor implicación de los agentes sociales en la política económica y social.

La crisis económica ha vuelto a demostrar que las economías dotadas de modelos sociales de consenso fuertes y articulados entre Gobierno, empresarios y sindicatos, capaces de adoptar medidas meditadas durante el tiempo suficiente, y por tanto beneficiarios de políticas consistentes mantenidas en el largo plazo con gran apoyo político y social han soportado mucho mejor la crisis y han salido antes de la misma.

Así está siendo en Suecia, Finlandia, Países Bajos, Alemania, Dinamarca o Austria. En todas ellas existe un método consensuado basado en la seguridad económica y en unas expectativas claras y firmes para los agentes económicos y sociales. En estos países, incluso, como en Suecia, estos consensos alcanzan ámbitos como el de la solidez de las finanzas públicas.

Tras dos largas décadas de hegemonía de los principios neoliberales a escala global esta crisis demuestra que es necesario reforzar los elementos que garantizan el consenso social en las economías desarrolladas. No va a ser posible reformar y adaptar nuestro modelo de bienestar –pensiones, educación, sanidad, dependencia, mercado de trabajo- al nuevo marco global sin un trabajo de fondo sólido y consistente que permita la reedición de consensos amplios en estos campos. Para Europa esta necesidad es si cabe mayor porque el binomio economía y bienestar, o crecimiento y empleo, ambos equivalentes, está sometido a mayores presiones que en el resto del mundo. Y lo hace no por debilidad europea sino porque se trata de la región más rica del mundo y la que goza de un mayor nivel de bienestar. Y también, por qué no decirlo, porque queremos seguir siéndolo.

Hay cuestiones que exceden los plazos y esquemas de la acelerada y a veces superficial dinámica política. Modelo de crecimiento, cohesión social, sostenibilidad, excelencia educativa o productividad son elementos sobre los que los agentes sociales deben y pueden trabajar de manera coordinada antes que los cambios que sean necesarios se conviertan en proyectos legislativos. Es necesario adelantarse a los acontecimientos trabajando con profundidad y rigor, aunando las reflexiones que se planteen desde la esfera social con las decisiones que democrática y legítimamente se adopten desde el ámbito de la política.

Como observadores privilegiados los agentes sociales españoles, en particular los empresarios –CEOE y CEPYME- y los sindicatos -UGT y CC.OO.-, aunque no sólo ellos, han sido conscientes desde hace mucho tiempo, desde antes de la proclamación urbi et orbi y posterior colapso del milagro económico aznarista, de los problemas que desde hace más de una década acechaban a nuestro modelo productivo. Ese conocimiento, sin embargo, no ha sido canalizado adecuadamente hacia las instancias de poder político que alimentaron la burbuja inmobiliaria –la Ley del Suelo de 1998 es con toda probabilidad su principal responsable individual, la única reforma estructural profunda del PP-.

En nuestro país los agentes sociales han contribuido a generar indicadores adelantados que permiten adaptar las principales líneas de política económica y social a las exigencias del momento. Así, por ejemplo, fue una propuesta conjunta de CEOE, UGT y CC.OO. la que puso fin al insostenible modelo laboral de ilegalidad consentida para los inmigrantes que acabó en 2005, y han sido ellos también los que desde hace mucho han insistido en la necesidad de reforzar recursos y políticas en el ámbito educativo y de la formación, así como en el de la raquítica I+D+i que también heredamos del falso nirvana popular en 2004.

La agenda de reformas que necesita nuestra economía no es precisamente corta, y su éxito dependerá de la capacidad de aplicarla en todos y cada uno de los sectores económicos, centros de trabajo e instituciones públicas o privadas. Hay más motivos que justifican el refuerzo de esa base de consenso social que tanto ha protegido frente a la crisis a las economías antes citadas. En primer lugar, las profundas transformaciones registradas en la economía global en los últimos años. En segundo lugar, las lecciones de una crisis global provocada por la desregulación y las prácticas económicas y financieras inspiradas en los principios conservadores abrazados por la derecha de menos regulación, más burbujas de todo de tipo –financieras, inmobiliarias, especulativas-, y menos Estado.

En España, contamos con una institución clave, el Consejo Económico y Social (CES), que puede contribuir a la construcción de esos consensos en todo el espectro de políticas económicas y sociales. Para ello el CES debería ver reforzada su capacidad de elaboración de informes y estudios anticipándose a los problemas y generando una base de consenso sobre la que edificar futuras políticas, potenciando en su seno un ámbito de prospectiva económica y social a medio y largo plazo complementario a la emisión de dictámenes preceptivos sobre toda legislación sin excepción.

Artículo de opinión publicado en el último número de El Socialista.

ELECCIONES EN EE.UU.:

DEMASIADOS FRENTES ABIERTOS

Juan Moscoso del Prado Hernández

Diputado a Cortes por Navarra.

No cabe duda que las elecciones norteamericanas celebradas el pasado 2 de noviembre han supuesto un duro golpe para el Presidente Barack Obama y para el Partido Demócrata. También es cierto que podía haber sido peor porque los demócratas conservan la mayoría en el Senado y resisten en sus bastiones tradicionales. El apoyo a los demócratas se mantiene uniforme en los diferentes tramos de edad, sigue siendo algo mayor entre las mujeres y concentra el 80 por 100 del voto de las minorías étnicas.

No hay que olvidar tampoco que las elecciones legislativas de mitad de mandato suelen castigar al partido del Presidente. En términos históricos, el correctivo recibido es el tercero mayor que se recuerda por detrás de los encajados por Warren Harding en 1922 y Bill Clinton en 1994. En total 9 gobernadores perdidos, 60 escaños en el Congreso y 6 en el Senado. Hay otros argumentos que pueden explicar este pobre resultado como la baja participación, la gran cantidad de recursos privados que han conseguido recaudar los candidatos conservadores en la campaña más cara de la historia y en particular los del llamado tea party como respuesta al inmenso apoyo que registraron los demócratas en las presidenciales, o simplemente por culpa de la crisis económica.

Con todo, aunque haya argumentos que expliquen el resultado y que permitan confiar en la reelección del Presidente Obama en 2012, el resultado no debe ser subestimado porque refleja una preocupante valoración del electorado progresista norteamericano de sus dos primeros años de gestión.

Desde una perspectiva política los republicanos con los ultras del tea party al frente bajo el lema “recuperar América” han conseguido transmitir la idea de que las principales decisiones del Presidente Obama han sido actuaciones ideológicamente extremas. El Obama pragmático con el que tantos soñaron deberá cambiar para mejorar su empatía y proximidad con los ciudadanos si quiere remontar en las encuestas. El mejor ejemplo de ello es la forma en la que reforma sanitaria ha sido vendida por los republicanos, un intento del Presidente de regular la vida privada de los ciudadanos y de inmiscuirse en sus familias contribuyendo a crear un Estado o un Gobierno cada vez mayor.

El tea party, un fenómeno complejo que puede estar mostrando las dificultades que los partidos políticos están sufriendo para adaptarse a las nuevas vías de participación, está dirigido por extremistas de derechas reaccionarios y antisistema, carece de contenido político real salvo el ser antitodo y sus simplistas postulados abochornan a cualquiera. Probablemente acabe convirtiéndose en un problema para el Partido Republicano.

Esta ofensiva conservadora contra Obama que lo retrata como un político ideológico y poco pragmático ha movilizado el voto en contra de los candidatos demócratas no tanto por omisiones en la gestión del Presidente sino como castigo o reacción a sus principales decisiones.

El Presidente Obama va a tener que aprender a triangular como lo hizo Clinton con el apoyo de los republicanos moderados. No debería ser difícil contar con ellos para impedir que los radicales que han llegado al Capitolio compliquen la política de la Casa Blanca en Afganistán, en Asia con la apertura hacia India e Indonesia, para reducir el déficit público y hacerlo con medidas fiscales progresivas –el Congreso saliente ha votado a favor de eliminar las deducciones fiscales para los más ricos, contrariando a un Obama confuso en esta materia-, reformar la economía y el sistema financiero o impulsar la agenda de libre comercio que es imprescindible para la recuperación de la economía global. Sin duda existe el riesgo de que el liderazgo internacional de Obama se debilite, en particular en campos como la lucha contra el cambio climático o la no proliferación -nuevo tratado START-, complicando el cierre definitivo de Guantánamo y la relación con sus vecinos del sur y sobretodo Méjico, desde la doble dimensión que impone la política migratoria desde que Arizona aprobó su polémica Ley y la cuestión de la seguridad y el narcotráfico.

Pero también ha sido la economía. Hay quien cree que estas elecciones han sido un referéndum sobre la economía y sobre la globalización en un país que cada vez teme más estar perdiendo esa carrera contra China y otros países emergentes. Demasiadas cosas a la vez: referéndum sobre economía y globalización, sobre identidad nacional, sobre reformas valientes y progresistas impulsadas por un Presidente negro “socialista”…

Para los progresistas europeos este resultado constituye una buena oportunidad para reaccionar. En la izquierda europea recibimos con entusiasmo al nuevo Presidente. Un Presidente que sin embargo no se ha prodigado tanto por Europa como se esperaba. Su nueva y, confiemos, pasajera debilidad ofrece la oportunidad de reforzar el valor de la Unión Europea como aliado en los principales asuntos de la agenda internacional –salida de la crisis, oriente medio, cambio climático, lucha contra el terrorismo, reforma de las organizaciones multilaterales, pobreza-. Ello exige, obviamente, aprovechar y desarrollar los instrumentos de política exterior que el Tratado de Lisboa ofrece y que hasta hora no hemos sabido explotar.

En definitiva toda una lección para la izquierda que demuestra como las conquistas sociales y los cambios profundos se deben pelear día a día y consolidar palmo a palmo, sin descanso, porque ellos, los conservadores, siempre saben reaccionar.

Tribuna publicada en el Suplemento de Economía del Diario ABC 09-01-2011

2011: VOLVER A CRECER

Juan Moscoso del Prado

Diputado a Cortes por Navarra (PSOE)

 y Doctor en CC. Económicas

La economía española volverá acrecer este año y lo hará con más intensidad y continuidad si se afronta con decisión las imprescindibles reformas pendientes.

Es muy probable que lo peor haya pasado ya. Ni siquiera cuando estuvimos al borde del abismo fue posible alcanzar el mínimo consenso político para aligerar la presión que nos ahogaba. Los presupuestos para 2009 y 2010, las medidas urgentes de mayo pasado, la reforma del mercado de trabajo, la ley de economía sostenible, salieron adelante gracias al esfuerzo del gobierno con el apoyo del PNV y Coalición Canaria, y quizás a partir de ahora CiU. No hubo consenso ni lo habrá, como tampoco hubo milagro económico alguno durante los años en los que gobernó el PP. La economía española estaba ya muy enferma cuando los socialistas llegamos a la Moncloa con un programa que pretendía abandonar el ladrillo y orientar nuestro sistema productivo hacia otros horizontes. La única crítica razonable a los años de Solbes es si se hizo lo suficiente para abandonar la ruta de colisión que venía de antes. Creo que se intentó como demuestra la reforma de la Ley del Suelo, se triplicó la I+D+i y se abandonaron proyectos faraónicos como el Plan Hidrológico Nacional que pretendía llenar España de cemento. No se recuerda una sola propuesta del PP durante el quinteto de Solbes orientada a cambiar ese fatídico modelo económico que nos ha llevado cerca del abismo. Tampoco recuerdo autocrítica alguna entonces ni ahora. Pero ese tiempo ha pasado, el PP ha decidido llegar las elecciones sin presentar propuesta constructivas en lo económico, ignorando los errores pasados y evitando dar pistas. Lo que haga Cameron en el Reino Unido con la educación pública o la nueva mayoría republicana en los Estados Unidos con la reforma sanitaria de Obama son cosas, dicen algunos, de otro tipo de derecha. La crisis es culpa del Presidente Rodríguez Zapatero y se acabó.

En este año volveremos a crecer, algunas Comunidades Autónomas lo hacen ya incluso desde hace trimestres –Navarra o Euskadi-, precisamente aquellas cuya estructura social y productiva se asemeja más al modelo que debe servir de patrón –industrias con avanzado componente tecnológico, mayor proporción industrial en el PIB, servicios de calidad, preferencia por la cohesión social, nivel educativo superior a la media, menor resaca inmobiliaria, proximidad de las instituciones, municipios equilibrados-. El Gobierno lo sabe bien y debe continuar presentado proyectos de reforma para adecuar nuestra economía al nuevo ciclo, un ciclo que será muy distinto y que comienza ya aunque 2011 va a ser un año muy difícil en el que conviviremos con un nivel de desempleo elevadísimo.

No tiene mucho sentido preguntarse que sucedería hoy si gobernara la derecha. Sé bien que en ese supuesto el festín inmobiliario habría inflado más si cabe aquella ya reventada burbuja, y no tengo dudas de cómo habría sido la reforma del mercado de trabajo o la de las pensiones, dónde habría entrado antes la tijera social o qué habría sucedido, si es que hubiesen llegado a nacer, con políticas como la de dependencia. Pero ya he dicho antes que nuestra derecha ha renunciado a explicar nada salvo lo obvio –reducir gasto y déficit, bajar impuestos y sacar pecho-. Creo que en marzo de 2012, cuando vuelvan a perder, comprobarán la profundidad de su error.

Pero para eso faltan casi 15 meses en los que el Gobierno debe continuar reformando la economía con determinación lo cual es perfectamente compatible con el respeto de los principios esenciales que defendemos desde la socialdemocracia. Como escribía hace días Jonás Fernández, ni las reformas son por naturaleza neoliberales ni las imponen los mercados. Yo añado que son necesarias y que se pueden hacer desde principios progresistas, o desde la derecha, o no hacerlas que sería quizás lo conservador porque retrocederíamos en cohesión social y bienestar. Ese impulso de reformas profundas y progresistas debe sentar las bases del crecimiento de las próximas décadas, y lo va a hacer sin apoyo del PP. Pero que nadie crea que va a ser fácil, la deuda -357 por 100 del PIB distribuida así: 58 puntos pública, 194 familias y empresas, 105 sector financiero- y el desempleo lastrarán la recuperación por varias vías y seguirán cuestionando nuestra solvencia como país en los mercados financieros. Además hay otros problemas, la baja productividad, los créditos respaldados por ladrillo que acumulan las cajas de ahorro, el mal funcionamiento de algunos mercados, la pequeña dimensión de la mayor parte de las empresas que dificulta su internacionalización…

Es el momento de las decisiones difíciles y sé que el Presidente del Gobierno está en ello. Es la hora de ir a por todas, nuevos consenso sociales, financiación para los municipios, modelo energético, caótico sistema de horarios laborales y escolares, apuesta por acelerar la integración económica en la UE que dista mucho de ser perfecta –incluso el Mercado Único no hace honor a su apellido-. El Gobierno lo va a hacer, y haciéndolo bien en 2012 habrá sorpresas.

Tribuna publicada en el Suplemento de Economía del Diario ABC 19-12-2010

LAS INJUSTAS DUDAS DE ALEMANIA

Juan Moscoso del Prado

Diputado a Cortes por Navarra (PSOE)

 y Doctor en CC. Económicas

La actitud alemana ante la crisis de la deuda soberana en la zona euro sólo puede explicarse desde un preocupante deslizamiento euroescéptico de sus dirigentes.

Las secuelas del episodio irlandés de la crisis de la deuda soberana de la zona euro han puesto en evidencia que Alemania, con la inestimable cooperación de una desconcertante Francia, ya no esconde que su prioridad nacional en política económica no es la integración económica en la Unión Europea (UE). Se ha escrito mucho sobre la preocupación doméstica del gobierno de coalición presidido por Angela Merkel, fiel a los parámetros que comparten todos los líderes políticos europeos que crecieron al otro lado del telón de acero, euroescepticismo teñido de preocupantes dosis de nacionalismo populista.

Y es que a tenor de la voces que se han levantado en las últimas semanas defendiendo una mayor claridad y contundencia comunitaria en la lucha contra la crisis, con el objetivo de buscar una solución europea y coordinada a la crisis de la deuda soberana que atenaza la recuperación económica, ya no cabe hablar de diferencias ideológicas sino de diferentes grados de compromiso con el proyecto europeo. No nos movemos en el eje izquierda-derecha sino en el de los diferentes grados de europeísmo.

Si no sería imposible entender que políticos de todo el espectro, socialdemócratas como los Gobiernos español, portugués y el presidente del Partido Socialista Europeo (PSE) el ex primer ministro danés Rasmussen, el ex primer ministro liberal belga Verhofstad, el presidente del eurogrupo el demócrata–cristiano luxemburgués Juncker, populares como el ministro de hacienda italiano Tremonti, o el centrista comisario finlandés Rehn, entre otros muchos, defiendan la ampliación del fondo de rescate y la emisión de eurobonos. Una medida, esta última, perfectamente asumible para financiar los déficit que no excedan, por ejemplo, los límites del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y poner coto a los especuladores. Otras propuestas contemplan la ampliación de facultades de la facilidad europea –el otro fondo de rescate- y la ampliación del capital del Banco Central Europeo (BCE).

Mientras, el Gobierno alemán, a lo suyo, ha forzado al resto de socios de la UE a asumir su probablemente innecesaria y sin duda forzada propuesta de reforma del Tratado de Lisboa al año de su entrada en vigor y tras diez de discusión. Una reforma diseñada a la carta para evitar problemas con el mecanismo permanente de rescate en su Tribunal Constitucional de Kalsruhe.

Alemania insiste en que la emisión de eurobonos desde algún tipo de instancia europea penalizaría al contribuyente alemán obligándole a financiar la deuda de su país a un tipo mayor al que lo hace ahora. Qué poco les ha importado a los contribuyentes alemanes financiarse conforme al euribor durante la década del euro, sin duda un tipo diferente al que resultaría de una hipotética  política monetaria instrumentada por el Bundesbank si no hubiera desaparecido el marco. Qué cómodo resultaba hasta hace bien poco cohabitar en la zona euro con países de mayor, digamos, tradición inflacionista, y por ello “sufrir” una orientación de la política monetaria del BCE quizás necesariamente más restrictiva, porque se veía de sobra compensada por otros elementos. ¿Cuáles? No sólo los efectos estáticos y dinámicos que la teoría de la integración económica explica, sino por ejemplo, el mantenimiento permanente de un superávit comercial gigantesco con el resto de la zona euro y de la UE sin que el resto de países pueda ajustarse nunca jamás utilizando el tipo de cambio, e incluso beneficiándose de la flaqueza del euro provocada por el débil pulso de la recuperación económica agregada de la economía europea para multiplicar sus exportaciones al resto del mundo –debilidad cambiaria que se ve alimentada incluso por la crisis de la deuda soberana que Alemania no ve necesario acometer con contundencia europea-. Sólo así se explica la sólida recuperación de la economía alemana de los últimos trimestres. Sobre lo primero, el superávit comercial, se ha escrito mucho. En economía se habla de políticas de “arruinar al vecino” gracias a la devaluación real conseguida por la economía alemana en la UE sustentada en su política salarial y austeridad fiscal, legítimas, sí, pero  insostenibles a medio plazo en una unión monetaria que no es económica y menos con la actitud alemana de las últimas semanas.

A mis amigos alemanes este discurso les gusta poco, es sin duda impropio de socios en un proyecto como el de la UE, acaso el más importante emprendido jamás en nuestro continente y que ha permitido extender la democracia y la prosperidad hasta límites jamás imaginados. Pero el debate puede empeorar, y entonces ante los reproches quizás tengamos que recordar cómo se hizo la reunificación alemana y cuan generosos fuimos entonces el resto de europeos. Un debate feo porque la solidaridad europea es entre ciudadanos, no países ni territorios, aunque haya políticos equivocados empeñados en lo contrario a los que el tiempo pondrá en su lugar.

Tribuna publicada en el Suplemento de Economía del Diario ABC 07-11-2010

CAMERON Y SHANGAY LILY

Juan Moscoso del Prado

Diputado a Cortes por Navarra (PSOE)

 y Doctor en CC. Económicas

Algo no cuadra en el discurso económico del PP que reclama corresponsabilidad cuando su actitud contribuye a todo menos a serenar el debate y generar confianza.

El plan del Gobierno británico prevé reducir el gasto en casi 100.000 millones de €, una cuarta parte en prestaciones sociales –jubilados, maternidad…-, y el resto concentrado en duros ahorros en la gestión de “servicios públicos”, definición que no esconde entelequias burocráticas sino básicamente educación y sanidad, por lo que es inimaginable que la calidad de esos servicios no se resienta tras una reducción de 500.000 empleos públicos. A lo anterior hay que añadir recortes en otras partidas sociales como vivienda, o de otro tipo como defensa que se deben atribuir al esfuerzo de los Iiberaldemócratas de Nick Clegg. El prestigioso Instituto de Estudios Fiscales británico ha calculado que la mitad más pobre del país encajará más de la mitad del ajuste. Así, no cabe hablar, como defiende el PP, de “medidas para garantizar el mantenimiento de las políticas sociales en educación, sanidad y pensiones”, como si esas políticas fueran un fin en sí mismo y no el principal instrumento para intentar garantizar unos mínimos en materia de igualdad de oportunidades, algo que aunque nunca lograremos plenamente ni británicos ni españoles, y cuya calidad siempre será la principal diferencia entre conservadores y progresistas, hoy, las dos únicas alternativas políticas posibles. Un ajuste del tipo británico sólo puede llevar al mantenimiento con respiración asistida de políticas mal dotadas y descapitalizadas, un grave error y una injusticia pero, obviamente, una opción ideológica, la del PP.

Aunque nada más llegar al gobierno la alianza tory-liberaldemócrata subió el IVA, creó una nueva tasa para la banca e impuso un aumento de 10 puntos en la tributación de los rendimientos del capital, su plan se basa esencialmente en una reducción del gasto. No hay que olvidar que la principal causa de la crisis británica ha sido el hundimiento del sistema financiero privado que ha sido rescatado con fondos públicos –un 6 por 100 del PIB británico según el FMI-, un sector que naufragó casi íntegramente en la tormenta generada por nuestros viejos amigos neocon, los de la desregulación y los códigos de buena conducta, ideas que Mariano Rajoy y tantos se resisten a olvidar.

No seré yo quien niega la necesidad del ajuste, en el Reino Unido con un déficit público del 13 por 100, o en nuestro país, en España. La clave está en cómo se hace, y eso es lo que no explica Rajoy. El Gobierno español está haciendo un enorme esfuerzo para cerrar el déficit asegurando el mantenimiento de las prestaciones sociales y de las inversiones imprescindibles para transformar nuestro modelo de crecimiento.

En el delicioso episodio protagonizado por Shangay Lily esta semana Rajoy dijo que "la idea de la corresponsabilidad manejada por Cameron en su programa de Gobierno significa que la recuperación económica pasa porque todos asumamos deberes hacia nosotros mismos y hacia los demás", algo que sin duda han comprendido canarios y vascos, y que el PP predica pero no practica desde la oposición.

Yo comparto esa idea de la corresponsabilidad que equivale a unos mínimos de responsabilidad y lealtad institucional, e incluso ciertas dosis de autocrítica. El partido laborista británico, sin duda corresponsable como el PP español de la gestión económica de la burbuja –seguimos esperando explicaciones sobre el batacazo del falso milagro económico aznarista-, propuso en la campaña electoral reducir a la mitad el déficit público estructural durante la legislatura, basando dos tercios del ahorro en menos gasto y un tercio en subidas de impuestos. Ahora, su nuevo líder Ed Miliban plantea un ajuste con una distribución diferente –mitad menos gasto y mitad nuevo impuestos- para que no sean los de siempre los que soporten las consecuencias de la crisis, así como otro ritmo de reducción para no arriesgar la recuperación económica.

En nuestro país contamos con un marco político estable hasta el final de la legislatura que debe contribuir a reforzar la mejora de la confianza que es inseparable de cualquier episodio de recuperación económica. La pregunta es, ¿está el PP disponible para ello?

El Plan que el PP reclama para conseguir esa confianza económica que supuestamente distingue a nuestro Gobierno del de David Cameron lleva meses sobre la mesa, la Ley de Economía Sostenible. El PP tiene la oportunidad de hacer propuestas para mejorarlo porque hay mucho sobre lo que discutir: medidas para mejorar la competitividad e incrementar la productividad, reavivar el crédito, financiar la sanidad o mantener un sistema fiscal progresivo y con ingresos suficientes.

Las últimas propuestas fiscales del PP supondrían  30.000 millones de € menos de recaudación fiscal, más temporalidad en el mercado de trabajo –sus enmiendas anticonversión de temporales en fijos en la reforma laboral-, y cierto descontrol en el gasto de sus Comunidades Autónomas, ¿vamos a ser corresponsables? Ojalá, pero lo veo difícil.