Tribuna publicada en el suplemento de economía del diario ABC el 15-5-2011

EUROPA ES GRECIA (Y ROMA)

Juan Moscoso del Prado

Diputado a Cortes por Navarra (PSOE)

y Doctor en CC. Económicas

Europa es Grecia y Roma. La Unión Europea es la heredera del derecho, la sociedad, el talento, las artes, la vocación universal  de la cultura griega y del imperio romano, de la democracia griega y del derecho romano, y por supuesto también de sus defectos. Durante los años, no hace tanto aunque parezcan lejanísimos, de reflexión y debate sobre la Constitución Europea que al final sólo pudo ser Tratado de Lisboa, hubo un intento de definición en el preámbulo de la malograda Constitución de las raíces de Europa, ejercicio mezquino en el que se adivinaba el triste futuro que ya ha llegado y que en Dinamarca, Finlandia, Hungría muestra estos días la peor cara del viejo continente. Aquella batalla la ganamos aunque sólo a medias los que creemos que elementos como el pasado cristiano, o judeo-cristiano, y las diferentes creencias religiosas frutas todas de la rica imaginación humana no debían aparecer en el preámbulo de esa Constitución que no pudo ser. De hecho, en el viejo continente, no comenzamos ser poco a poco otra vez Grecia y Roma hasta 1789, hasta la revolución francesa, hasta que la luz y la razón griegas y romanas comenzaron a recuperarse y a eliminar el lastre acumulado durante siglos de oscura opresión y superstición, cristiana pero también musulmana. Europa no comenzó a ser ella misma de nuevo hasta que se comenzó a aligerar esa carga, tarea inconclusa en buena parte del continente y sin duda en España. Aquellos bárbaros, los ahora daneses, alemanes o polacos fueron en parte responsables del hundimiento de Roma y del fin de la razón, de la tolerancia y del primer experimento jacobino de solidaridad cosmopolita y universal que se recuerda. Errores propios los hubo, sin duda, pero sin la concurrencia de fuerzas externas, las de la ignorancia, la envidia y la más burda codicia nunca habrían logrado derribar el debilitado y enfermo viejo imperio de la razón que se hundió en dos momentos. Roma primero y Constantinopla después. Los que nos sentimos europeos antes que nada, alegres paganos romanos, a pesar del reyezuelo que gobierna la república italiana, no podemos ser optimistas hoy respecto al viejo imperio, hoy Unión Europea. Los bárbaros vuelven con sus corazas doradas a cercenar los principios más elementales de la Unión –la libre circulación de personas, la solidaridad entre Estados miembros, el interés colectivo de la ciudadanía europea sobre el de la tribu- mientras incluso algunos de nuestros propios dirigentes anteponen criterios pecuniarios cortoplacistas a la misma subsistencia de los principios republicanos de la mejor Roma, y Grecia, claro. Alemania consiguió que la Unión creara un fondo de rescate no demasiado grande con limitada capacidad de compra de deuda soberana en los mercados, el BCE ha comenzado ya ha subir los tipos de interés. Alemania nos obligó al resto a creer que bastaría con un duro ajuste protagonizado por Grecia. Pues bien, no ha sido así y sin Europa Grecia caerá de nuevo, como otras veces antes. Europa es, fue y será siempre Grecia, y si dejamos caer a Grecia a cambio de unos puntos básicos de diferencial quizás haya que volver a esperar 20 siglos para recuperar la mejor de las repúblicas, Grecia y Roma, la Unión Europea, de nuevo amenazada por unos bárbaros que nos vigilan desde el Bundesbank.

LA VERDAD SOBRE LAS TASAS UNIVERSITARIAS Y LOS RECORTES EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN LA GRAN BRETAÑA DE CAMERON

Tuve la suerte de estudiar 3º de Ciencias Económicas en la Universidad de Kent, University of Kent at Canterbury, entre 1988 y 1989 en el primer año de existencia del programa Erasmus aunque no supe qué era eso de Erasmus ni oí ese nombre hasta que regresé.

En esos 10 meses completé mi primer ciclo universitario, diplomatura, y obtuve el título británico de ese ciclo, university diploma. Desde entonces formo parte de la red de antiguos alumnos de esta prestigiosa universidad pública británica y he regresado en un par de ocasiones por diferentes motivos. Conservo amigos de entonces entre alumnos y profesores -ya jubilados-.

Hace unos días recibí esta carta que ahora reproduzco en la que se me explica cual va ser el efecto de los recortes que el gobierno del conservador Cameron ha aplicado a la educación.

Las tasas universitarias por alumno, la matrícula, subirán de 3.000 libras a 9.000 libras al año porque el recorte es de más de 5.000 libras por alumno, en concreto alcanzarán 5.600 libras en el año 2015.

Eso sí, la universidad va a intentar conseguir fondos por su cuenta para doblar sus becas y ayudas y hará un esfuerzo para asegurar buenas condiciones crediticias a los alumnos que se deberán endeudar para pagar sus matrículas.

Mientras esto sucede algunos nos siguen calificando como PIGS, y descalifican los esfuerzos del Gobierno español por asegurar y reforzar el gasto social en la difícil coyuntura económica que vivimos. Incluso, en este mismo país, han tenido que rescatar el sistema financiero privado con fondos públicos.

Una generación entera de británicos va a ver reducidas sus oportunidades drásticamente.

El PP, bueno, no ayuda demasiado a superar la difícil coyuntura e incluso pone a Cameron como ejemplo de lo que hay que hacer...

Pero bueno, la carta lo dice todo.

De: "University of Kent" <alumni@kent.ac.uk>
Fecha: 12 de abril de 2011 18:14:48 GMT+02:00
Para:
Asunto: University of Kent tuition fees

This e-mail is sent from the University of Kent. To see this e-mail online go to http://www.kent.ac.uk/alumni/emails/1104_fees.html


End of plain message - View the full HTML message below.

Click here if you are unable to see all the images in this email

ID: 88878060 Dear Juan, I’m sure that you are aware of the upcoming changes to state funding for higher education teaching, where Government funding is being replaced by higher fees supported by loans. In order to continue to honour our commitment to deliver high-quality teaching into the future and to provide first-rate facilities on all of our campuses, the University of Kent – like other leading establishments – has decided to set a fee of £9,000 a year for UK and European Union students from 2012. Kent is well placed to move forward in this climate due to its strong financial position and solid research base. However, there is no escaping the fact that by 2015, the reduction in government funding will be the equivalent of £5,600 per student, which, when added to the existing fee of £3,400 gives a fee level of £9,000. The University of Kent currently awards scholarships and bursaries totalling over £3 million each year; ranging from partner school scholarships to encourage local students to continue in education, to awards based on academic, sporting or musical merit, and bursaries to support students experiencing financial hardship. By 2012 we will begin to double this level of support, ensuring that we continue to attract a diverse student body, drawn from a wide range of backgrounds. You can find further details about this decision in our press release and frequently asked questions. Best Wishes Alison Coles Director of Development and Alumni Relations For more information, call us on 01227 824346 or visit: http://www.kent.ac.uk/alumni/

Copyright © 2011 University of Kent   |	Click here to unsubscribe

TRIBUNA PUBLICADA EN EL SUPLEMENTO DE ECONOMÍA DEL DIARIO ABC 24-4-2011

¿UN NUEVO MODELO ECONOMICO PROGRESISTA?

Juan Moscoso del Prado

Diputado a Cortes por Navarra (PSOE)

y Doctor en CC. Económicas

Los políticos progresistas y socialdemócratas llevamos un tiempo debatiendo las razones que han llevado a los ciudadanos europeos a elegir gobiernos conservadores en una mayoría de países precisamente en un momento de dura crisis económica provocada por la desregulación y por los principios defendidos por esos partidos de derechas.

Esta reflexión, impulsada por nuestras principales fundaciones progresistas en colaboración con nuestros socios europeos de Policy Network o estadounidenses del Center for American Progress, es fundamental para lograr consolidar el cambio de modelo de crecimiento que la economía europea en su conjunto necesita y que sólo puede conseguirse desde esta orilla ideológica.

La derecha ha conseguido con cierto éxito convertir lo que en 2008 nadie dudaba en considerar como una crisis provocada por el neoliberalismo y que exigía una recuperación del control público y de la regulación racional de determinadas actividades, en una crisis provocada por la irresponsabilidad del Estado. La crisis de la deuda soberana y del euro se han convertido en el gran aliado de la derecha para tapar los profundos problemas estructurales de fondo que arrastraba nuestra economía y que la derecha sigue sin reconocer.

En España, el seguimiento de la estrategia de Cameron por el PP no puede ser más clara. Cameron ha conseguido convencer a una parte de votantes laboristas de que el incremento de gasto público incurrido por los gobiernos laboristas para sostener la economía y evitar una caída profunda en la recesión, e incluso el destinado a mantener las principales políticas sociales, ha sido simple y llanamente un desperdicio como explica Roger Liddle de Policy Network. Poco importa que Irlanda haya sucumbido a los impulsos desreguladores que siempre han abrazado los conservadores británicos con pasión. Aquí, el ejemplo portugués, sin embargo, puede servir de freno a la estrategia popular porque demuestra que en algún momento el PP, sobre todo el mayo de 2010, cruzó la frontera de la irresponsabilidad arriesgando con su actitud la débil posición de la deuda española en los mercados.

Sólo saldremos de la crisis si somos capaces de cambiar nuestro modelo de crecimiento, y sinceramente, no creo que el PP sepa hacerlo, de hecho entre 1996 y 2004 reforzó un esquema insostenible a medio plazo como esta crisis ha demostrado. ¿El principal error del Gobierno del PSOE? No haberlo intentado corregir con más decisión entre 2004 y 2008. ¿Qué propone el PP? En Galicia, el “delfín” Feijóo ha desmantelado sin rubor el sistema gallego de ciencia e innovación mientras a escala nacional se reivindica recuperar la desgravación en el IRPF por la compra de vivienda que todo sabemos se traslada al precio y sólo contribuye a  inflar los precios. Ambas son buenas pistas de un nivel de compromiso, digamos “bajo”, con la nueva economía.

Desde la izquierda debemos ser capaces de combatir esas percepciones que la derecha manipula con destreza al tiempo que centramos con claridad las prioridades que deben definir el nuevo modelo de crecimiento, más eficiente y competitivo, y también más social. Hoy se puede ser más radical defendiendo reformas en el gobierno corporativo de empresas y bancos. Podemos defender el gasto público no sólo como elemento redistributivo para compensar desigualdades sino también como el principal instrumento de inversión económica de futuro que existe. Los recortes de gastos no deben afectar a las políticas que permiten aumentar oportunidades o redistribuir oportunidades, como la enseñanza en todos los grados, lo que podemos llamar inversión social, otro ámbito dónde Cameron ha demostrado como se las gasta la derecha, o a la innovación.

Tribuna publicada en el Suplemento de Economía del Diario ABC 04-04-2011

CAMERON EN EL HORIZONTE

Juan Moscoso del Prado

Diputado a Cortes por Navarra (PSOE)

y Doctor en CC. Económicas

La crisis portuguesa y la actitud de la derecha de este país han vuelto a demostrar que lo mejor para la recuperación no siempre es lo elegido por la oposición.

El Pacto por el Euro es un paso más en la todavía inconclusa cadena de reformas que la economía europea debe abordar para volver a crecer. De esta crisis no saldremos volviendo a la misma casilla desde la que arrancó el anterior ciclo, la última recuperación en el lejano y ya casi olvidado 1993. El camino de reformas implica adoptar decisiones de dos tipos. Algunas, como la de las Cajas de Ahorro, para favorecer su reestructuración y saneamiento, su recapitalización. No es fácil de comprender que el principal partido de la oposición, un partido que ha gobernado, se abstuviera en la votación de una reforma diseñada para transformar la mitad del sistema financiero español. No resulta fácil entender cómo es posible que no tuviera nada que aportar. Parece que el PP ha optado por abstenerse en las reformas estructurales de carácter, en sentido ideológico, más neutral, aunque neutral no hay nada, o en aquellas que cuentan con el apoyo de sindicatos y empresarios. Hay un segundo tipo de reformas que, como pasó con la reforma del mercado de trabajo, pueden realizarse desde perspectivas ideológicas muy distintas. El PP no las haría igual. Existe una clara diferencia entre el esquema económico ideológico de fondo que el PP querría imponer, el que apuesta por un debilitamiento de los instrumentos públicos de garantía de la igualdad de oportunidades y bienestar –Valcárcel lo ha adelantado-, y el del partido socialista que siempre abogará por un marco regulatorio que garantice que la economía de mercado no aumenta la desigualdad.

Esta semana las Fundación Ideas ha presentado un estudio, “La España de Rajoy y Cameron”, que calcula el hipotético coste de las medidas adoptadas por el gobierno de Cameron en el Reino Unido en España. El ajuste británico supondría en España un recorte de 60.000 millones de € concentrado en medidas de bienestar para las familias de clase media y baja; el despido de 250.000 funcionarios incluyendo médicos, profesores y policías; y elevar las matrículas universitarias un 300 por 100. El proyecto “Gran sociedad“ de Cameron aboga por privatizar servicios fundamentales como la sanidad y la educación y una retirada total de lo público de espacios como los servicios sociales, la asistencia a los dependientes de todo tipo o la lucha contra la pobreza, espacio que debería ser ocupado por los propios ciudadanos siguiendo el ejemplo de lo que ocurre en el país que cuenta con la sociedad civil más dinámica del mundo y que al mismo tiempo soporta las desigualdades e injusticias sociales más profundas del mundo desarrollado: los Estados Unidos. En definitiva menos derechos o su conversión en bienes de consumo y más meriendas de alta alcurnia organizadas para recaudar fondos para los pobres en salones de tupidas alfombras. Si el PP gobierna, no lo creo, utilizará el argumento de la herencia recibida para, camuflado de un mal entendido espíritu liberal que nada tiene que ver con el significado que tiene el término al otro lado del atlántico, acometer el plan Cameron en la vieja piel de toro.

Tribuna publicada en el Suplemento de Economía del Diario ABC 13-03-2011

NOS LA JUGAMOS EN EUROPA

Juan Moscoso del Prado

Diputado a Cortes por Navarra (PSOE)

y Doctor en CC. Económicas

La ineficiente superposición de propuestas económicas en un momento todavía crítico demuestra la difícil situación que atraviesa la construcción europea.

Una vez más nos la jugamos en Europa porque es ahí donde se deben adoptar las decisiones que faltan para asegurar una salida sostenible de la crisis. Sobre la mesa el Pacto de Competitividad –o por el euro- de la Sra. Merkel, y de Francia; las medidas planteadas por la Comisión Europea para, una vez más, avanzar hacia un gobierno económico; y los esfuerzos de la task force de Van Rompuy para intentar imponer un poco de orden y coherencia en todo lo anterior, tampoco ajena a la influencia alemana. En definitiva, el viejo debate entre lo intergubernamental y lo comunitario combinado con cierta ruptura del espíritu integrador de algunos socios de la Unión.

Alemania exige una mayor coordinación de la política económica como contrapartida al refuerzo –más fondos- y flexibilización –más instrumentos- de la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (FEEF), aunque sin llegar todavía a permitir la emisión de eurobonos, y para crear el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEE) de carácter permanente. Alemania no parece dispuesta, no obstante, a permitir un escrutinio de su sistema financiero equivalente al que exige para el conjunto de las economías europeas afectadas por la crisis de la deuda soberana. Esta asimetría es simplemente inaceptable.

Con todo, aunque se pueda objetar a alguna de las exigencias alemanas poco puede decirse en contra de su objetivo final: la unión económica, una verdadera aproximación de productividades, niveles de competencia y dotaciones de factores en un verdadero mercado único sin tanta fragmentación, para nada una idea alemana y mucho menos de su presente gobierno, sino patrimonio común y bastante antiguo. Lo necesario es una estrategia europea de crecimiento que elimine las diferencias en productividad, renta y bienestar. Una estrategia común y transparente capaz de incorporar al BCE y a la política monetaria, ahora que amaga con segar la recuperación elevando los tipos de interés, y que reconozca que sin el euro Alemania no disfrutaría de ese saludable superávit comercial porque su tipo de cambio de revalorizaría.

España ha hecho los deberes, déficit, cajas, pensiones, cuentas de las CC.AA., mercado de trabajo, a la espera de un acuerdo sobre negociación colectiva que cierre el debate sobre algo mucho más amplio y trascendente que la no tan fácil de medir productividad. En nuestro país es esencial la vinculación entre salarios e inflación para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y dinamizar el consumo, y ya se tiene en cuenta la productividad en la negociación colectiva. Tampoco presentamos diferencias relevantes en cuestiones como la armonización fiscal. Hemos reformado nuestro sistema financiero más que el resto –que Alemania, sin ir más lejos-, en particular las cajas de ahorro. Lo mismo debe decirse de la disposición española a acometer sin trampa alguna las pruebas de resistencia bancaria.

Hemos dado un ejemplo mundial con la reforma de las cajas, en un momento incluso en el que se demanda cierta banca pública con el objetivo social de asegurar el crédito a familias, PYMES y empresas o incluso ofrecer nuevos productos como hipotecas con la garantía limitada al piso. Unas entidades, las cajas, con una importante obra social pero que no han sido capaces de atender el fundamental flanco social del mercado que probablemente nunca ya cubrirán.

En Europa, con todo, Alemania y Francia no cejan en su empeño de liderar sesgadamente un proceso que no les pertenece, intentando adelantarse a los acontecimientos sin esperar a las propuestas de la Comisión, convocando cumbres bilaterales como la de Deauville de 2010 y sus diferentes secuelas para condicionar al Consejo. Ese no es el camino.

La crisis de la deuda pública europea va a cumplir un año, un largo año en el que Europa todavía no ha sido capaz de resolver sus deficiencias fiscales –falta de coordinación, ausencia de políticas comunes– que se evidencian día tras día en los movimientos especulativos contra la deuda soberana, la ampliación de los diferenciales de interés y la ausencia de instrumentos comunes de intervención.

En España tenemos la oportunidad de demostrar que se pueden acometer las reformas que la economía necesita mientras se protege el estado del bienestar. Se podrá utilizar el simplista argumento, el favorito del principal partido de la oposición, de que con la tasa de desempleo actual no procede hablar de sostenibilidad social alguna, pero no es así. Sabemos muy bien que la relativamente mayor destrucción de empleo sufrida por España en esta crisis no es un fenómeno particular resultado de esta crisis sino que refleja un patrón histórico estructural que las reformas ya realizadas o en marcha impulsadas por el gobierno pretenden corregir por fin y para siempre. A la vista está que reformas anteriores, la laboral de 1997, combinadas con otras como la del suelo de 1998 no hicieron sino agudizar este desequilibrio crónico.

Tribuna publicada en el Suplemento de Economía del Diario ABC 21-02-2011

MIDIENDO LA PRODUCTIVIDAD

Juan Moscoso del Prado

Diputado a Cortes por Navarra (PSOE)

y Doctor en CC. Económicas

Tras la reforma laboral y el acuerdo social y económico para el crecimiento, el empleo y garantía de las pensiones, el gran reto es la negociación colectiva.

Mientras se abría un interesante pero también tosco debate sobre productividad y salarios, los agentes sociales y el Gobierno han comenzado a centrar su atención sobre el nuevo reto al que nos enfrentamos, la reforma de nuestro modelo de negociación colectiva.

El acuerdo social y económico (ASC) firmado el pasado 1 de febrero incorpora en su punto VI la base sobre la que se debe construir el acuerdo sobre negociación colectiva que nuestra economía necesita: el acuerdo, éste bipartito, sobre criterios básicos para la reforma de la negociación colectiva. El objetivo es que la reforma sea bipartita. Si no hubiera acuerdo el Gobierno, responsablemente, legislará.

El ASC recoge el compromiso alcanzado en febrero de 2010 de negociar bilateralmente una reforma del actual sistema de negociación colectiva, compromiso constatado ya en las declaraciones de 2004 y 2008 junto con el Gobierno. La reforma de la negociación colectiva, a través del diálogo social bipartito, parte del principio de respeto de la autonomía de los interlocutores sociales para gestionar la negociación colectiva, un principio fundamental a la hora de definir las condiciones de trabajo tal y como reconocen UGT, CCOO, CEOE y CEPYME con el objetivo de potenciar y mejorar la actividad económica de las empresas, las condiciones de trabajo y el empleo. 

Los agentes sociales reconocen que la negociación colectiva tiene problemas de estructura y de vertebración; de legitimación; de flexibilidad interna; de  innovación y adaptación de contenidos; de gestión; de adecuación a las dificultades; etc. Su reforma, afirman, debe hacer frente a la realidad empresarial y a la de los trabajadores lo cual exigirá racionalizar y vertebrar mejor los convenios colectivos, y potenciar la negociación colectiva en el ámbito de la empresa, lo que permitirá a su vez ampliar su eficiencia y destinatarios.

El Punto VI del ASC también destaca que la estructura de la negociación colectiva -sectorial, estatal, autonómica o en 37 provincias- debe ser analizada antes de adoptar decisiones de reforma, para buscar así vías que refuercen la legitimación en  la negociación. Así mismo, se reconoce que la imprescindible adecuación a los cambios en los sectores y en la empresa, a través de medidas de flexibilidad interna para mejorar la eficacia, debe realizarse con una mayor participación de los representantes de los trabajadores. Es necesario, continua, dinamizar los procesos de negociación colectiva, sus contenidos y materias, y suprimir los que no deban tener continuidad. También es necesario mejorar su gestión en todos los sentidos y el apoyo institucional. 

En definitiva unos cimientos sobre los que asentar el acuerdo de negociación colectiva que necesitamos para continuar con la serie de reformas estructurales que van a transformar nuestra economía preparándola para asumir un nuevo periodo de crecimiento y empleo muy distinto al seguido hasta la explosión de la crisis.

Mientras, decía al principio, se ha abierto un tosco debate económico sobre productividad y salarios animado por las desafortunadas palabras de la canciller Ángela Merkel. El problema de la economía española no es la relación entre salarios e inflación sino entre productividad real por trabajador y salario real. La negociación colectiva española, además, ya contempla esta variable en muchos convenios. Productividad, por otra parte, no siempre fácil de medir. Beneficios, excedente o valor añadido pueden servir para medir la productividad. Otras vías sirven para medir su tendencia pero no tanto su valor –por ejemplo vía jornada o incentivando bajas en la producción-. Y es que nada tienen que ver las grandes empresas del metal o del sector químico, alemanas o españolas, con el 75 por 100 del total de empresas españolas que tienen 6 o menos trabajadores. Porque si incluso, por ejemplo, la planta de Volkswagen de Landaben produce más vehículos con 4.000 trabajadores que toda la SEAT con 12.000 siendo ambas de un mismo grupo industrial, ¿cómo se mide la productividad de una empresa hostelera o turística, de un hotel afectado, por ejemplo, por el mal tiempo? Las pymes, las empresas con departamentos de innovación y sistemas, las que reinvierten sus beneficios en I+D+i, las empresas que aguantan meses su plantilla fija a la espera de contratos que saben llegarán, ¿cómo miden la productividad? ¿Deberían despedir y contratar permanentemente a los mismos para mejorar sus indicadores? Sabemos que no trabajan así.

Los salarios reales deben aproximarse a la evolución de la productividad por trabajador. La teoría económica demuestra que cuando la productividad aumenta más que el salario real crece el empleo, y también demuestra que la productividad media –como quiera que se calcule- depende de la productividad del conjunto de los factores de producción –capital fijo y tecnológico, humano-, de las infraestructuras, de la calidad de los servicios y prestaciones públicas, de la calidad institucional y de las políticas públicas y de las diferentes administraciones, de la regulación y del grado de competencia, y de otros factores que, además de los salarios, son los que debe tener en cuenta la reforma de la negociación colectiva.

 

Tribuna publicada en el Suplemento de Economía del Diario ABC 30-01-2011

CRECIMIENTO Y CONSENSO SOCIAL

Juan Moscoso del Prado

Diputado a Cortes por Navarra (PSOE)

 y Doctor en CC. Económicas

La salida de la crisis exige un nuevo modelo económico que debe incluir una mayor implicación de los agentes sociales en la política económica y social.

La crisis económica ha vuelto a demostrar que las economías dotadas de modelos sociales de consenso fuertes y articulados entre Gobierno, empresarios y sindicatos, capaces de adoptar medidas meditadas durante el tiempo suficiente, y por tanto beneficiarios de políticas consistentes mantenidas en el largo plazo con gran apoyo político y social han soportado mucho mejor la crisis y han salido antes de la misma.

Así está siendo en Suecia, Finlandia, Países Bajos, Alemania, Dinamarca o Austria. En todas ellas existe un método consensuado basado en la seguridad económica y en unas expectativas claras y firmes para los agentes económicos y sociales. En estos países, incluso, como en Suecia, estos consensos alcanzan ámbitos como el de la solidez de las finanzas públicas.

Tras dos largas décadas de hegemonía de los principios neoliberales a escala global esta crisis demuestra que es necesario reforzar los elementos que garantizan el consenso social en las economías desarrolladas. No va a ser posible reformar y adaptar nuestro modelo de bienestar –pensiones, educación, sanidad, dependencia, mercado de trabajo- al nuevo marco global sin un trabajo de fondo sólido y consistente que permita la reedición de consensos amplios en estos campos. Para Europa esta necesidad es si cabe mayor porque el binomio economía y bienestar, o crecimiento y empleo, ambos equivalentes, está sometido a mayores presiones que en el resto del mundo. Y lo hace no por debilidad europea sino porque se trata de la región más rica del mundo y la que goza de un mayor nivel de bienestar. Y también, por qué no decirlo, porque queremos seguir siéndolo.

Hay cuestiones que exceden los plazos y esquemas de la acelerada y a veces superficial dinámica política. Modelo de crecimiento, cohesión social, sostenibilidad, excelencia educativa o productividad son elementos sobre los que los agentes sociales deben y pueden trabajar de manera coordinada antes que los cambios que sean necesarios se conviertan en proyectos legislativos. Es necesario adelantarse a los acontecimientos trabajando con profundidad y rigor, aunando las reflexiones que se planteen desde la esfera social con las decisiones que democrática y legítimamente se adopten desde el ámbito de la política.

Como observadores privilegiados los agentes sociales españoles, en particular los empresarios –CEOE y CEPYME- y los sindicatos -UGT y CC.OO.-, aunque no sólo ellos, han sido conscientes desde hace mucho tiempo, desde antes de la proclamación urbi et orbi y posterior colapso del milagro económico aznarista, de los problemas que desde hace más de una década acechaban a nuestro modelo productivo. Ese conocimiento, sin embargo, no ha sido canalizado adecuadamente hacia las instancias de poder político que alimentaron la burbuja inmobiliaria –la Ley del Suelo de 1998 es con toda probabilidad su principal responsable individual, la única reforma estructural profunda del PP-.

En nuestro país los agentes sociales han contribuido a generar indicadores adelantados que permiten adaptar las principales líneas de política económica y social a las exigencias del momento. Así, por ejemplo, fue una propuesta conjunta de CEOE, UGT y CC.OO. la que puso fin al insostenible modelo laboral de ilegalidad consentida para los inmigrantes que acabó en 2005, y han sido ellos también los que desde hace mucho han insistido en la necesidad de reforzar recursos y políticas en el ámbito educativo y de la formación, así como en el de la raquítica I+D+i que también heredamos del falso nirvana popular en 2004.

La agenda de reformas que necesita nuestra economía no es precisamente corta, y su éxito dependerá de la capacidad de aplicarla en todos y cada uno de los sectores económicos, centros de trabajo e instituciones públicas o privadas. Hay más motivos que justifican el refuerzo de esa base de consenso social que tanto ha protegido frente a la crisis a las economías antes citadas. En primer lugar, las profundas transformaciones registradas en la economía global en los últimos años. En segundo lugar, las lecciones de una crisis global provocada por la desregulación y las prácticas económicas y financieras inspiradas en los principios conservadores abrazados por la derecha de menos regulación, más burbujas de todo de tipo –financieras, inmobiliarias, especulativas-, y menos Estado.

En España, contamos con una institución clave, el Consejo Económico y Social (CES), que puede contribuir a la construcción de esos consensos en todo el espectro de políticas económicas y sociales. Para ello el CES debería ver reforzada su capacidad de elaboración de informes y estudios anticipándose a los problemas y generando una base de consenso sobre la que edificar futuras políticas, potenciando en su seno un ámbito de prospectiva económica y social a medio y largo plazo complementario a la emisión de dictámenes preceptivos sobre toda legislación sin excepción.