lunes, 21 de febrero de 2011

Tribuna publicada en el Suplemento de Economía del Diario ABC 21-02-2011



MIDIENDO LA PRODUCTIVIDAD

Juan Moscoso del Prado
Diputado a Cortes por Navarra (PSOE)
y Doctor en CC. Económicas



Tras la reforma laboral y el acuerdo social y económico para el crecimiento, el empleo y garantía de las pensiones, el gran reto es la negociación colectiva.

Mientras se abría un interesante pero también tosco debate sobre productividad y salarios, los agentes sociales y el Gobierno han comenzado a centrar su atención sobre el nuevo reto al que nos enfrentamos, la reforma de nuestro modelo de negociación colectiva.

El acuerdo social y económico (ASC) firmado el pasado 1 de febrero incorpora en su punto VI la base sobre la que se debe construir el acuerdo sobre negociación colectiva que nuestra economía necesita: el acuerdo, éste bipartito, sobre criterios básicos para la reforma de la negociación colectiva. El objetivo es que la reforma sea bipartita. Si no hubiera acuerdo el Gobierno, responsablemente, legislará.

El ASC recoge el compromiso alcanzado en febrero de 2010 de negociar bilateralmente una reforma del actual sistema de negociación colectiva, compromiso constatado ya en las declaraciones de 2004 y 2008 junto con el Gobierno. La reforma de la negociación colectiva, a través del diálogo social bipartito, parte del principio de respeto de la autonomía de los interlocutores sociales para gestionar la negociación colectiva, un principio fundamental a la hora de definir las condiciones de trabajo tal y como reconocen UGT, CCOO, CEOE y CEPYME con el objetivo de potenciar y mejorar la actividad económica de las empresas, las condiciones de trabajo y el empleo. 

Los agentes sociales reconocen que la negociación colectiva tiene problemas de estructura y de vertebración; de legitimación; de flexibilidad interna; de  innovación y adaptación de contenidos; de gestión; de adecuación a las dificultades; etc. Su reforma, afirman, debe hacer frente a la realidad empresarial y a la de los trabajadores lo cual exigirá racionalizar y vertebrar mejor los convenios colectivos, y potenciar la negociación colectiva en el ámbito de la empresa, lo que permitirá a su vez ampliar su eficiencia y destinatarios.

El Punto VI del ASC también destaca que la estructura de la negociación colectiva -sectorial, estatal, autonómica o en 37 provincias- debe ser analizada antes de adoptar decisiones de reforma, para buscar así vías que refuercen la legitimación en  la negociación. Así mismo, se reconoce que la imprescindible adecuación a los cambios en los sectores y en la empresa, a través de medidas de flexibilidad interna para mejorar la eficacia, debe realizarse con una mayor participación de los representantes de los trabajadores. Es necesario, continua, dinamizar los procesos de negociación colectiva, sus contenidos y materias, y suprimir los que no deban tener continuidad. También es necesario mejorar su gestión en todos los sentidos y el apoyo institucional. 

En definitiva unos cimientos sobre los que asentar el acuerdo de negociación colectiva que necesitamos para continuar con la serie de reformas estructurales que van a transformar nuestra economía preparándola para asumir un nuevo periodo de crecimiento y empleo muy distinto al seguido hasta la explosión de la crisis.

Mientras, decía al principio, se ha abierto un tosco debate económico sobre productividad y salarios animado por las desafortunadas palabras de la canciller Ángela Merkel. El problema de la economía española no es la relación entre salarios e inflación sino entre productividad real por trabajador y salario real. La negociación colectiva española, además, ya contempla esta variable en muchos convenios. Productividad, por otra parte, no siempre fácil de medir. Beneficios, excedente o valor añadido pueden servir para medir la productividad. Otras vías sirven para medir su tendencia pero no tanto su valor –por ejemplo vía jornada o incentivando bajas en la producción-. Y es que nada tienen que ver las grandes empresas del metal o del sector químico, alemanas o españolas, con el 75 por 100 del total de empresas españolas que tienen 6 o menos trabajadores. Porque si incluso, por ejemplo, la planta de Volkswagen de Landaben produce más vehículos con 4.000 trabajadores que toda la SEAT con 12.000 siendo ambas de un mismo grupo industrial, ¿cómo se mide la productividad de una empresa hostelera o turística, de un hotel afectado, por ejemplo, por el mal tiempo? Las pymes, las empresas con departamentos de innovación y sistemas, las que reinvierten sus beneficios en I+D+i, las empresas que aguantan meses su plantilla fija a la espera de contratos que saben llegarán, ¿cómo miden la productividad? ¿Deberían despedir y contratar permanentemente a los mismos para mejorar sus indicadores? Sabemos que no trabajan así.

Los salarios reales deben aproximarse a la evolución de la productividad por trabajador. La teoría económica demuestra que cuando la productividad aumenta más que el salario real crece el empleo, y también demuestra que la productividad media –como quiera que se calcule- depende de la productividad del conjunto de los factores de producción –capital fijo y tecnológico, humano-, de las infraestructuras, de la calidad de los servicios y prestaciones públicas, de la calidad institucional y de las políticas públicas y de las diferentes administraciones, de la regulación y del grado de competencia, y de otros factores que, además de los salarios, son los que debe tener en cuenta la reforma de la negociación colectiva.


 

martes, 1 de febrero de 2011

Tribuna publicada en el Suplemento de Economía del Diario ABC 30-01-2011

CRECIMIENTO Y CONSENSO SOCIAL

Juan Moscoso del Prado

Diputado a Cortes por Navarra (PSOE)
 y Doctor en CC. Económicas

La salida de la crisis exige un nuevo modelo económico que debe incluir una mayor implicación de los agentes sociales en la política económica y social.

La crisis económica ha vuelto a demostrar que las economías dotadas de modelos sociales de consenso fuertes y articulados entre Gobierno, empresarios y sindicatos, capaces de adoptar medidas meditadas durante el tiempo suficiente, y por tanto beneficiarios de políticas consistentes mantenidas en el largo plazo con gran apoyo político y social han soportado mucho mejor la crisis y han salido antes de la misma.

Así está siendo en Suecia, Finlandia, Países Bajos, Alemania, Dinamarca o Austria. En todas ellas existe un método consensuado basado en la seguridad económica y en unas expectativas claras y firmes para los agentes económicos y sociales. En estos países, incluso, como en Suecia, estos consensos alcanzan ámbitos como el de la solidez de las finanzas públicas.

Tras dos largas décadas de hegemonía de los principios neoliberales a escala global esta crisis demuestra que es necesario reforzar los elementos que garantizan el consenso social en las economías desarrolladas. No va a ser posible reformar y adaptar nuestro modelo de bienestar –pensiones, educación, sanidad, dependencia, mercado de trabajo- al nuevo marco global sin un trabajo de fondo sólido y consistente que permita la reedición de consensos amplios en estos campos. Para Europa esta necesidad es si cabe mayor porque el binomio economía y bienestar, o crecimiento y empleo, ambos equivalentes, está sometido a mayores presiones que en el resto del mundo. Y lo hace no por debilidad europea sino porque se trata de la región más rica del mundo y la que goza de un mayor nivel de bienestar. Y también, por qué no decirlo, porque queremos seguir siéndolo.

Hay cuestiones que exceden los plazos y esquemas de la acelerada y a veces superficial dinámica política. Modelo de crecimiento, cohesión social, sostenibilidad, excelencia educativa o productividad son elementos sobre los que los agentes sociales deben y pueden trabajar de manera coordinada antes que los cambios que sean necesarios se conviertan en proyectos legislativos. Es necesario adelantarse a los acontecimientos trabajando con profundidad y rigor, aunando las reflexiones que se planteen desde la esfera social con las decisiones que democrática y legítimamente se adopten desde el ámbito de la política.

Como observadores privilegiados los agentes sociales españoles, en particular los empresarios –CEOE y CEPYME- y los sindicatos -UGT y CC.OO.-, aunque no sólo ellos, han sido conscientes desde hace mucho tiempo, desde antes de la proclamación urbi et orbi y posterior colapso del milagro económico aznarista, de los problemas que desde hace más de una década acechaban a nuestro modelo productivo. Ese conocimiento, sin embargo, no ha sido canalizado adecuadamente hacia las instancias de poder político que alimentaron la burbuja inmobiliaria –la Ley del Suelo de 1998 es con toda probabilidad su principal responsable individual, la única reforma estructural profunda del PP-.

En nuestro país los agentes sociales han contribuido a generar indicadores adelantados que permiten adaptar las principales líneas de política económica y social a las exigencias del momento. Así, por ejemplo, fue una propuesta conjunta de CEOE, UGT y CC.OO. la que puso fin al insostenible modelo laboral de ilegalidad consentida para los inmigrantes que acabó en 2005, y han sido ellos también los que desde hace mucho han insistido en la necesidad de reforzar recursos y políticas en el ámbito educativo y de la formación, así como en el de la raquítica I+D+i que también heredamos del falso nirvana popular en 2004.

La agenda de reformas que necesita nuestra economía no es precisamente corta, y su éxito dependerá de la capacidad de aplicarla en todos y cada uno de los sectores económicos, centros de trabajo e instituciones públicas o privadas. Hay más motivos que justifican el refuerzo de esa base de consenso social que tanto ha protegido frente a la crisis a las economías antes citadas. En primer lugar, las profundas transformaciones registradas en la economía global en los últimos años. En segundo lugar, las lecciones de una crisis global provocada por la desregulación y las prácticas económicas y financieras inspiradas en los principios conservadores abrazados por la derecha de menos regulación, más burbujas de todo de tipo –financieras, inmobiliarias, especulativas-, y menos Estado.

En España, contamos con una institución clave, el Consejo Económico y Social (CES), que puede contribuir a la construcción de esos consensos en todo el espectro de políticas económicas y sociales. Para ello el CES debería ver reforzada su capacidad de elaboración de informes y estudios anticipándose a los problemas y generando una base de consenso sobre la que edificar futuras políticas, potenciando en su seno un ámbito de prospectiva económica y social a medio y largo plazo complementario a la emisión de dictámenes preceptivos sobre toda legislación sin excepción.